Ha transcurrido menos de una semana desde la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump, y ya es posible esbozar algunas conclusiones preliminares. No definitivas, pero sí lo suficientemente claras como para comprender que el escenario abierto dista mucho de las expectativas que se instalaron en las primeras horas tras la operación.
La extracción de Maduro —exitosa y limpia desde el punto de vista estratégico y táctico— no fue el inicio de una transición democrática clásica, ni tampoco el preludio de una ocupación militar estadounidense. Todo indica que el diseño inicial de la Casa Blanca apunta a mantener la administración de Venezuela sin presencia territorial de tropas norteamericanas, a través de un acuerdo pragmático con el propio chavismo, preservando su estructura de poder e institucionalidad bajo el marco de la Constitución bolivariana.
La presidenta encargada de Venezuela, Darcy Rodríguez, ha mostrado rápidamente ese mismo pragmatismo. Más allá de los gestos previsibles de rechazo frente a una intervención externa, sus señales apuntan a priorizar el orden interno, la continuidad administrativa y la cohesión del aparato estatal chavista, antes que una ruptura radical del sistema. No hay aquí ánimo refundacional, sino administración del daño y control del proceso.
En esa misma lógica, Trump ha cerrado explícitamente cualquier flanco de cooperación sustantiva con la oposición venezolana, fragmentada y sin una conducción clara. La mención casi instrumental a María Corina Machado parece cumplir un solo objetivo: sacarla del juego. La estrategia estadounidense no pasa por empoderar a la oposición, sino por negociar con el poder real que aún conserva cohesión, capacidad de control territorial y legitimidad interna suficiente para garantizar estabilidad.
Este enfoque ha generado un giro anímico evidente en la diáspora venezolana. A la euforia inicial por la caída de Maduro le ha sucedido una perplejidad creciente. El pragmatismo de Trump no era el que muchos esperaban, ni tampoco la solidez residual del chavismo. El escepticismo que hoy comienza a instalarse no solo es comprensible, sino también justificado.
A ello se suma un elemento inquietante: la presentación de la Fiscalía estadounidense en Nueva York ha eliminado de su acusación central la imputación más grave, aquella que vinculaba a Maduro como jefe del llamado Cartel de los Soles. Al desaparecer ese eje, el caso pierde fuerza narrativa y jurídica, abriendo incluso la posibilidad —impensada hace unos días— de que el proceso termine debilitado o eventualmente favorable al propio Maduro. La inconsistencia de la acusación erosiona la legitimidad del juicio y deja en evidencia el carácter instrumental de la operación.
Pero quizás la arista más relevante no está en Venezuela, sino en América Latina. Las declaraciones recientes de la Casa Blanca han reinstalado, sin pudor, la idea de la región como “patio trasero” de Estados Unidos, como su zona natural de influencia y resguardo estratégico. El argumento es brutalmente simple: en América Latina están todos los recursos que Estados Unidos necesita. Petróleo, cobre, litio, agua, biodiversidad. Controlar el patio trasero equivale a asegurar el abastecimiento del futuro.
Para los países del Cono Sur, y en particular para Chile, este escenario abre preguntas de enorme calado. ¿Cómo se ordena una política exterior frente a un poder que se asume omnímodo? ¿Cómo se defiende la autonomía estratégica sin romper equilibrios fundamentales? ¿Qué ocurre con el modelo chileno de desarrollo, basado en democracia, multilateralismo y libre comercio?
Si Chile queda, de facto, obligado a vender solo a Estados Unidos y a su área de influencia, el impacto será directo y severo: pérdida de poder de negociación, deterioro de precios y dependencia estructural. No es una hipótesis delirante. Uno de los argumentos centrales para la intervención estadounidense en Venezuela fue, precisamente, que ese país entregaba recursos estratégicos a potencias consideradas adversarias, como China y Rusia.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué hará un eventual gobierno de José Antonio Kast frente a la venta de cobre y litio? ¿Estará Chile obligado a transar solo con quienes cuenten con la venia de Washington? ¿Qué ocurre si China, India o Europa ofrecen mejores condiciones? ¿Bajamos la cabeza?
Hace apenas unos días, alguien pudo pensar que la caída de Maduro era una excelente noticia, incluso una solución indirecta al problema de la migración venezolana en Chile. Hoy, cinco o seis días después, el panorama es otro. Estamos frente a un dilema de Estado, no de gobierno, que exige unidad política, una Cancillería fuerte, experimentada y con capacidad de lectura estratégica del mundo.
No es hora para improvisaciones. Tampoco para entusiasmos ingenuos. Es tiempo de definiciones.
La pregunta queda abierta, pero es ineludible:
¿qué hace Chile frente a este nuevo relato de Estados Unidos y su renovada doctrina de influencia hemisférica?
