Sanciones inéditas, soberanía y el desafío del nuevo ciclo político
La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de sancionar a tres altos funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric —entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz— marca un punto de inflexión en la política exterior chilena de las últimas décadas. La medida, comunicada por el secretario de Estado Marco Rubio, implica la revocación de visas para ingresar a Estados Unidos, extensible incluso a sus familias.
No se trata de un gesto administrativo menor. Es una señal política de alto voltaje.
El argumento esgrimido desde Washington apunta a la tramitación de un proyecto de cable submarino entre Chile y China, aún en etapa preliminar. Para Estados Unidos, esa iniciativa constituiría una amenaza estratégica en el contexto de su disputa tecnológica y geopolítica con Beijing. La decisión contrasta con el respaldo estadounidense al proyecto ya avanzado de cable transpacífico con capitales norteamericanos, que conectará Sudamérica con Asia vía Sídney, fortaleciendo el flujo de datos entre continentes.
Lo que está en juego, sin embargo, trasciende la infraestructura digital. Se trata de una señal directa a un gobierno en ejercicio y, por extensión, a un país soberano respecto de sus decisiones comerciales y estratégicas.
Multilateralismo bajo presión
Durante más de treinta años, Chile construyó un modelo de inserción internacional basado en dos pilares: multilateralismo y libre comercio. La política exterior de la transición y los gobiernos posteriores se enfocó en ampliar tratados, diversificar socios y reducir barreras arancelarias, integrando al país a múltiples bloques económicos sin quedar atrapado en un solo eje de poder.
Ese modelo permitió estabilidad, atracción de inversiones y crecimiento sostenido. Chile apostó por reglas, instituciones y acuerdos, no por alineamientos automáticos.
La sanción estadounidense introduce una variable distinta: la lógica de la presión unilateral. Más que un desacuerdo técnico, es una advertencia geopolítica. Y el mensaje parece claro: ciertas decisiones estratégicas en América Latina deben considerar los límites que impone la competencia entre Washington y Beijing.
En diversos medios internacionales y entre líderes latinoamericanos, la medida ha sido leída como un precedente inquietante. No solo por su carácter inédito respecto de Chile, sino porque instala la posibilidad de que instrumentos administrativos —como las visas— se transformen en herramientas de coerción política.
El dilema del nuevo gobierno
La pregunta clave ahora no es solo cómo responde el actual gobierno, sino cuál será la estrategia del presidente electo José Antonio Kast frente a este escenario.
Hasta ahora, las primeras reacciones desde su entorno han sido cautelosas. Parte de su bloque ha tendido a leer el episodio en clave doméstica, atribuyendo responsabilidades al manejo político del presidente Boric. Sin embargo, el problema de fondo excede la contingencia interna.
Chile enfrenta un dilema estructural: cómo sostener una política comercial abierta y diversificada en un mundo crecientemente fragmentado por la rivalidad entre grandes potencias.
Si el país opta por alinearse plenamente con Washington, podría limitar su margen de maniobra en Asia, hoy su principal mercado. Si intenta mantener autonomía estratégica, deberá prepararse para presiones similares a las ya vistas.
El verdadero desafío no es retórico, sino estratégico. ¿Qué instrumentos diplomáticos, jurídicos y comerciales utilizará Chile para defender su soberanía económica? ¿Cómo fortalecerá alianzas regionales y multilaterales para evitar quedar aislado frente a decisiones unilaterales?
Más allá de la coyuntura
En el corto plazo, la discusión pública puede centrarse en responsabilidades políticas o declaraciones pasadas. Pero en el mediano y largo plazo, el impacto podría ser mayor.
Un comercio internacional condicionado por intereses geopolíticos —y no por reglas multilaterales— amenaza directamente el modelo de desarrollo chileno. Las inversiones privadas, los tratados vigentes y la credibilidad internacional dependen de la previsibilidad del sistema global.
Si esa previsibilidad se erosiona, los efectos económicos pueden ser más profundos que cualquier déficit fiscal coyuntural.
Paradójicamente, la primera gran prueba internacional del nuevo ciclo político chileno podría no estar en la seguridad interna ni en el crecimiento económico, sino en la capacidad del país para defender su autonomía estratégica en un mundo donde las grandes potencias han vuelto a hablar el lenguaje de la presión.
La pregunta que queda abierta es si Chile responderá como “patio trasero” o como actor soberano con voz propia en el escenario global.
