La destitución de un nuevo presidente peruano —tras apenas unos meses en el poder y en medio de acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos— no sorprende. Más bien confirma una tendencia. En los últimos 10 años, Perú ha tenido ocho presidentes y una presidenta en medio de crisis políticas, vacancias, renuncias forzadas y acusaciones cruzadas. La inestabilidad dejó de ser excepcional: se volvió estructural.
Muchos analistas coinciden en que el país atraviesa una crisis institucional profunda. No se trata solo de casos de corrupción, sino de una arquitectura política debilitada, donde el Congreso y el Ejecutivo se enfrentan de manera permanente, sin mediaciones eficaces ni liderazgos capaces de articular consensos mínimos. El sistema parece diseñado para el conflicto.
Una parte importante de este diagnóstico suele remontarse a la huella de Alberto Fujimori. Su gobierno, autoritario y concentrador de poder, desmanteló liderazgos opositores, erosionó partidos tradicionales y deterioró la cultura del diálogo político. La transición posterior no logró reconstruir partidos sólidos ni generar referentes con arraigo social duradero. La política peruana quedó fragmentada, atomizada y vulnerable a la improvisación.
Y sin embargo, en paralelo, la economía peruana ha mostrado una resiliencia notable. En un continente marcado por crisis recurrentes, Perú mantuvo durante años un crecimiento sostenido, disciplina macroeconómica y estabilidad fiscal. Es, en términos comparativos, una de las economías que mejor desempeño ha tenido en la región en la última década.
Ahí surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que una economía funcione con relativa solidez mientras el sistema político se descompone? ¿Es sostenible esa disociación?
Tal vez la pregunta más provocadora sea otra: ¿cuánto más podría crecer la economía peruana si existiera estabilidad política y gobernabilidad democrática?
La experiencia chilena ofrece una pista. Durante los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet, la economía experimentó un repunte tras haber atravesado crisis profundas y estructurales en la primera mitad de los años ochenta. Ese crecimiento tardío contribuyó a consolidar la idea de que el modelo económico debía mantenerse.
Sin embargo, lo que ocurrió con la llegada de la democracia fue decisivo. El modelo económico se complementó con un sistema político estable, con liderazgos fuertes, con acuerdos transversales y políticas públicas de largo plazo. Durante tres décadas, Chile combinó crecimiento económico con estabilidad institucional. La democracia no fue un obstáculo para el mercado; fue su mejor soporte.
La gobernabilidad, lejos de frenar el desarrollo, lo potenció.
Perú parece vivir hoy una paradoja distinta: crecimiento sin cohesión política. Pero esa fórmula tiene límites. La inversión, la confianza y el desarrollo social requieren previsibilidad. Requieren reglas claras, pero también legitimidad institucional.
La historia política peruana, desde la independencia, ha estado marcada por ciclos de fragmentación, caudillismo y débil concertación. Esa cultura política no se transforma de la noche a la mañana. Pero tampoco es un destino inmodificable.
La democracia le hace bien a la economía. La gobernabilidad le hace bien al crecimiento. No es solo una cuestión moral o normativa: es una constatación empírica.
La pregunta, entonces, no es si la economía peruana puede sobrevivir a la crisis política permanente. La pregunta es cuánto mejor podría estar si esa crisis se superara.
Y esa sigue siendo una tarea pendiente.
