La elección presidencial recién vivida constituye un punto de inflexión profundo en la historia política reciente de Chile. No solo por su resultado, sino por las causas que lo explican y por las preguntas que abre hacia el futuro. Desde una convicción progresista, feminista y democrática, y también desde la responsabilidad institucional que implica haber sido escogida por el Presidente para acompañarlo en su equipos de Gobierno, esta reflexión busca ir más allá del impacto inmediato de la derrota, para comprender sus raíces y proyectar los desafíos que se abren para la izquierda y la centroizquierda.
En primer lugar, es fundamental afirmar con claridad que Chile no se ha transformado, de un día para otro, en una sociedad de extrema derecha. El triunfo del candidato electo no expresa una adhesión mayoritaria a un ideario ultraconservador, autoritario o negacionista de derechos, sino más bien un voto marcado por el miedo, el descontento y una profunda sensación de inseguridad. La ciudadanía no votó por un proyecto político coherente, sino por una promesa básica y emocional: orden, control y una respuesta inmediata a problemas reales, aun cuando esa promesa esté llena de simplificaciones y contradicciones.
En este contexto, el anticomunismo estructural que persiste en la sociedad chilena jugó un rol determinante. Nuestra candidata, una mujer preparada, sólida y comprometida, militante del Partido Comunista, debió cargar con una mochila histórica que en Chile sigue operando con fuerza. Resulta paradójico y doloroso constatar que, en un país que vivió una dictadura cívico-militar con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, no exista un antifascismo social equivalente al anticomunismo instalado. Esta asimetría histórica continúa condicionando las posibilidades electorales del progresismo.
A ello se sumó un factor externo pero decisivo: Venezuela. La crisis venezolana, y en particular la figura de Nicolás Maduro, ha influido de manera desproporcionada en la política interna chilena. La migración venezolana irregular y la instalación deliberada de la idea de que un eventual gobierno liderado por una militante comunista conduciría a Chile a un escenario similar al venezolano —una afirmación carente de sustento— resultaron electoralmente eficaces. La razón cedió frente al miedo, y la complejidad fue derrotada por la consigna.
Los medios de comunicación tampoco contribuyeron a un debate equilibrado. Durante meses, la agenda estuvo dominada por noticias de criminalidad, asesinatos y crimen organizado, sin entregar contexto comparado. Chile, aun con un deterioro evidente en materia de seguridad, sigue teniendo tasas de criminalidad más bajas que la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, la sensación de inseguridad —más que la inseguridad objetiva— fue correctamente leída y utilizada por la derecha como su principal bandera, con resultados electorales claros.
Sería irresponsable, no obstante, no reconocer los errores del propio gobierno. Casos graves como el de las fundaciones, la situación del subsecretario Monsalve, y las tensiones y errores en la DIPRES asociados a reducciones presupuestarias dañaron la confianza pública. Todo ello convivió, paradójicamente, con avances sociales de enorme relevancia: la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento sostenido del salario mínimo, el copago cero en FONASA, la gratuidad en educación y el fortalecimiento de becas. Logros estructurales que, sin embargo, no lograron traducirse en una percepción cotidiana de mejora suficiente.
Un punto especialmente crítico fue el manejo político de los procesos constituyentes. El vínculo estrecho que estableció el Frente Amplio con la Convención Constitucional, y la lectura insuficiente del contundente resultado del Rechazo, marcaron un quiebre. La ciudadanía habló con claridad, pero el sistema político —y en particular el gobierno— no ajustó con la rapidez ni la profundidad necesarias su discurso ni su estrategia. Persistir en una narrativa cuestionada por la ciudadanía tuvo costos electorales evidentes.
Por todo ello, esta elección constituye un verdadero clivaje político. Interpela a la izquierda y al centroizquierda en su conjunto: ¿por qué no logramos construir unidad?, ¿qué hacemos con los más de cinco millones de votos que obtuvo Jeannette Jara?, ¿cómo se articula una oposición responsable y coherente en un Parlamento prácticamente empatado? La fragmentación, las identidades partidarias cerradas y la incapacidad de construir un proyecto común aparecen hoy como debilidades estructurales que deben ser abordadas sin eufemismos.
En este escenario, el comportamiento del presidente electo en los días posteriores a la elección merece una lectura atenta. Se ha mostrado inusualmente calmo, sereno, apelando a un marco amplio que va desde el Partido Republicano hasta sectores del radicalismo. Intenta presentarse no como un extremista, sino como un líder transversal. Es legítimo dudar de la profundidad de ese giro; es posible que se trate de una estrategia transitoria. Sin embargo, también es necesario comprender que los más de siete millones de personas que votaron por él no se identifican necesariamente con la extrema derecha. Creyeron, más bien, en un discurso básico: expulsión de migrantes irregulares, control de la delincuencia, orden. A muchos no les importó —o no dimensionaron— que ese mismo proyecto implica retrocesos en derechos sociales, negación del cambio climático, cuestionamiento a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desprotección medioambiental y afinidad ideológica con liderazgos como Trump o Milei.
Estamos, en cierto sentido, frente a una Crónica de una muerte anunciada. Sabíamos que esta elección sería extraordinariamente difícil. Los signos estaban ahí. La pregunta relevante ahora no es solo por qué se perdió, sino cómo nos preparamos para ejercer la oposición, cómo defendemos los avances logrados y cómo reconstruimos un proyecto político capaz de volver a convocar mayorías sociales.
El 11 de marzo se abrirá un nuevo ciclo. Solo entonces comenzaremos a conocer las verdaderas prioridades del nuevo gobierno, más allá de la retórica de campaña y del llamado “gobierno de emergencia”. La historia reciente nos enseña que las promesas simples suelen chocar con la compleja realidad. Nuestra tarea, como progresistas, feministas y demócratas, será estar alertas, organizadas y preparadas para ese desenlace, con convicción, responsabilidad y memoria histórica.
