La figura de Robert F. Kennedy incomoda porque no encaja del todo en las categorías simples con que solemos juzgar a los liderazgos políticos. No fue un idealista puro ni un tecnócrata frío. Tampoco un outsider antisistema. Fue, más bien, un hombre que aprendió dentro del poder y que asumió ese aprendizaje como una responsabilidad ética.
En los primeros años del gobierno de su hermano, John F. Kennedy, Bobby Kennedy era percibido como uno de los hombres más duros de la administración. Como Fiscal General, se destacó por su carácter implacable, por su disposición al choque y por una comprensión del poder que no excluía el conflicto abierto. Fue un operador central de la superestructura del Estado en plena Guerra Fría, convencido de que la firmeza era una condición necesaria para gobernar.
Ese dato es clave: su evolución posterior no nace de la ingenuidad, sino de la experiencia.
Momentos como la Crisis de los Misiles en Cuba, donde la confrontación estuvo a un paso de la catástrofe nuclear, marcaron profundamente su comprensión del límite del poder. A ello se sumó el progresivo desgaste moral de la guerra de Vietnam, que evidenció la distancia entre las decisiones tomadas en los escritorios del poder y el costo humano que pagaban miles de jóvenes enviados a combatir.
Sin embargo, fue el contacto directo con la pobreza extrema dentro de Estados Unidos lo que terminó de reconfigurar su mirada. Como senador, Kennedy recorrió zonas de Appalachia, barrios afroamericanos, comunidades latinas e indígenas. No lo hizo como gesto simbólico, sino permaneciendo, escuchando, observando condiciones de vida que contradecían el relato del progreso estadounidense. Allí descubrió que la violencia no era solo geopolítica o militar, sino también estructural, cotidiana y normalizada.
De esa experiencia surge lo que más tarde se denominaría —más como categoría analítica que como consigna política— la “América profunda”. No un territorio mítico ni una invención electoral, sino el reconocimiento de una vasta población excluida de los beneficios del desarrollo, invisibilizada por el poder y acostumbrada a cargar con los costos del crecimiento.
Lo decisivo es que Kennedy no renegó de su pasado, ni fingió haber sido siempre distinto. No habló desde la superioridad moral ni desde la pureza ideológica, sino desde la credibilidad que otorga haber estado en el centro de las decisiones difíciles. Por eso su giro fue tomado en serio por amplios sectores sociales: afroamericanos, pobres blancos, jóvenes opositores a la guerra, sindicatos. No porque prometiera redención inmediata, sino porque nombraba el dolor sin cinismo.
En un tiempo en que la política suele presentarse como una identidad fija —o se es duro o se es empático, o se es sistema o se es pueblo—, el caso de Robert Kennedy recuerda algo incómodo y poco frecuente: la evolución política es posible, y cuando es auténtica, puede convertirse en una de las formas más altas de ética del poder.
Su candidatura presidencial en 1968 parecía encarnar esa posibilidad. Su asesinato, ocurrido tras ganar las primarias de California, interrumpió abruptamente ese proceso y se sumó a la herida aún abierta del asesinato de su hermano cinco años antes, cuando ejercía la presidencia. Pero la interrupción biográfica no anuló la pregunta política que dejó instalada.
¿Puede el poder aprender sin dejar de ser poder?
¿Puede la experiencia de gobernar producir conciencia y no solo cinismo?
En un mundo que vuelve a endurecerse, donde la fuerza y el orden reaparecen como respuestas rápidas a crisis complejas, la trayectoria de Robert F. Kennedy sigue ofreciendo una lección inquietante: el poder también puede transformarse, y cuando lo hace, no pierde autoridad; gana sentido.
