Chile aprendió a pensar la soberanía mirando la tierra, la frontera y el puerto. Pero el poder del siglo XXI no pasa solo por el territorio físico. Pasa por los datos, por la infraestructura que los procesa, por las plataformas que los capturan y por los sistemas de inteligencia artificial que los convierten en decisión, influencia y control. La política chilena todavía no está mirando ahí con la profundidad que este cambio exige.
No conviene romantizar demasiado la Independencia. No fue un acto puro de poesía patriótica ni una revelación moral súbita. Fue también una disputa concreta por el poder. La crisis de la monarquía española tras la captura de Fernando VII en 1808 abrió un vacío de legitimidad, sí. Pero bajo ese temblor institucional ya venían acumulándose otras tensiones. Las ideas ilustradas habían comenzado a erosionar el sentido natural del dominio imperial, y en Chile las élites criollas empezaban a mirar con creciente incomodidad un orden en que el control decisivo seguía estando lejos, en otra parte, bajo otra lógica, bajo otra jerarquía. Memoria Chilena lo resume con claridad, el proceso pasó desde una crítica intelectual y cultural al control extranjero hacia cuestiones administrativas y económicas, donde las familias criollas se percibieron en desventaja.
Ese punto importa. Porque la emancipación no se movió solo por símbolos, se movió también porque una parte dirigente de la sociedad entendió que la riqueza, las decisiones y el horizonte de desarrollo estaban subordinados a un centro externo. La aristocracia criolla se había consolidado durante el siglo XVIII al calor de las exportaciones de trigo, el desarrollo minero y la expansión comercial, pero seguía coexistiendo con una estructura colonial donde los peninsulares ocupaban un rol clave de mediación entre la metrópolis y la aristocracia local. Había prosperidad, pero no había autonomía plena. Había crecimiento, pero el marco de decisión seguía viniendo de afuera. Había elite local, pero no soberanía completa.
Por eso el paralelo con el presente no es una exageración literaria. Tampoco es un calco mecánico. No estamos en 1810, y nadie serio debiera fingirlo. Pero sí estamos ante una mutación parecida en un punto decisivo. Ayer el problema era que el territorio, el comercio y la autoridad estaban organizados en función de una metrópolis. Hoy el problema es que la vida cotidiana de una sociedad entera puede ser capturada, procesada y rentabilizada por infraestructuras, plataformas y modelos que no controla. La Biblioteca del Congreso define la soberanía digital justamente como el control y la independencia de un país sobre sus activos digitales, incluidos datos, software, normas e infraestructuras. Ahí está la clave de época. La soberanía ya no se agota en el suelo. También pasa por la capa invisible que organiza la vida social.
Y en esa capa invisible el dato es central. No hablo solo del dato sensible clásico, la ficha clínica, la identidad, el comportamiento financiero. Hablo también del dato aparentemente banal, que en realidad es el más valioso. Lo que buscamos, lo que compramos, por dónde nos movemos, cuánto tiempo miramos una pantalla, con quién interactuamos, qué tememos, qué deseamos, qué evitamos, qué patrón repetimos. Ese dato cotidiano, cruzado masivamente, deja de ser un simple rastro y se transforma en poder. Poder económico, porque permite anticipar consumo, fijar precios, ordenar mercados. Poder político, porque permite perfilar, segmentar, persuadir y gobernar conductas. Poder tecnológico, porque alimenta los sistemas de IA que luego toman o influyen en decisiones. Quien controla el flujo del dato controla una parte creciente de la realidad.
Chile no está inmóvil frente a esto. Sería injusto decirlo. La nueva Ley 21.719, publicada en diciembre de 2024 y con entrada en vigencia general fijada para el 1 de diciembre de 2026, eleva de manera importante el estándar chileno. Regula el tratamiento de los datos personales, crea la Agencia de Protección de Datos Personales, reconoce derechos como acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad, y además extiende su ámbito de aplicación a responsables o mandatarios extranjeros cuando ofrezcan bienes o servicios a personas en Chile o monitoreen su comportamiento, incluyendo análisis, rastreo, perfilamiento o predicción. También establece que la Agencia fiscalizará las transferencias internacionales de datos y, en casos calificados, podrá suspender temporalmente su envío. Eso no es menor. Es un salto real.
En paralelo, el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial ingresó en mayo de 2024 y hoy aparece en la Cámara como en segundo trámite constitucional. El propio sitio de MinCiencia explica que busca asegurar que el desarrollo y uso de estas tecnologías respete los derechos de las personas, fomente la innovación y fortalezca la capacidad del Estado para actuar frente a riesgos y desafíos. La propuesta pone el acento en reglas claras, enfoque de riesgos, transparencia, protección de la ciudadanía y fiscalización asociada a la futura Agencia de Protección de Datos Personales. Es decir, Chile ya dejó atrás la etapa en que la IA era solo un tema de seminario o de futurismo liviano. Entró al terreno normativo.
Entonces, ¿dónde está el problema? En que proteger el dato no equivale todavía a emanciparse del colonialismo del dato. Esa es la tesis. Y conviene decirla sin rodeos. La ley nueva mejora la posición del ciudadano frente al abuso. La futura agencia puede fiscalizar y sancionar. El proyecto de IA puede poner límites, deberes y responsabilidades. Todo eso es necesario. Pero nada de eso, por sí solo, resuelve una pregunta más dura, quién controla estructuralmente la infraestructura, la nube, las plataformas, los estándares, las interfaces y la capacidad de cómputo donde ese dato circula, se almacena, se perfila y se convierte en modelo. La propia idea de soberanía digital que usa la BCN obliga a mirar más allá del consentimiento individual y la multa administrativa. Obliga a mirar dependencia.
Dicho de otro modo, Chile está construyendo un mejor derecho de defensa del dato, pero todavía no una estrategia completa de poder sobre el dato. Y ambas cosas no son lo mismo. Una ley puede decirle a una plataforma extranjera que no abuse, que informe, que responda, que permita portar, que no transfiera sin condiciones, que no trate fuera del marco legal. Muy bien. Pero si toda la arquitectura decisiva del ecosistema digital sigue fuera de nuestro control, la asimetría permanece. La ley ordena. La dependencia sigue. La norma disciplina parcialmente. El centro de gravedad del poder continúa afuera. Esa es la forma contemporánea de la subordinación.
Aquí aparece el paralelo más incómodo con la emancipación. A las élites criollas las movió, entre otras cosas, la comprensión de que no podían construir un destino propio si la llave del poder seguía en otra mano. Hoy nuestra élite política, económica e intelectual debiera hacer una pregunta parecida. ¿Puede Chile hablar seriamente de desarrollo, democracia, productividad, derechos sociales e incluso seguridad nacional, si la materia prima más valiosa de la nueva economía, el dato, y los sistemas que lo convierten en inteligencia, están crecientemente mediados por infraestructuras y corporaciones que no le responden al interés nacional? Esa es la pregunta que aún no entra con la fuerza suficiente al debate político chileno.
Y ahí el progresismo tiene una responsabilidad especial. Porque si alguna tradición política debiera reconocer rápidamente una nueva forma de concentración del poder, es precisamente aquella que históricamente ha denunciado las asimetrías entre centro y periferia, entre capital y trabajo, entre dominación y autonomía. El problema es que una parte importante de la política sigue pensando la tecnología como una herramienta neutra, como un conjunto de aplicaciones útiles, como un tema de modernización administrativa o, en el mejor de los casos, como un dilema ético. Y no. La tecnología ya es estructura de poder. La IA ya no es solo innovación. Es una forma nueva de organizar mercados, decisiones, vigilancia, productividad y obediencia. Hablar de dato hoy es hablar de soberanía. Y no entender eso es llegar tarde al cambio civilizatorio.
No basta, por tanto, con felicitarse porque Chile ya tiene una ley moderna de datos y un proyecto de ley de IA en trámite. Eso sería conformarse con la mitad del camino. También se necesita una política de soberanía digital. Una política que ponga sobre la mesa, sin pudor, asuntos que hasta ahora se han tratado como secundarios o demasiado técnicos. Compra pública tecnológica con criterios de autonomía y auditabilidad. Interoperabilidad real para que personas e instituciones no queden cautivas de proveedores cerrados. Gobernanza sectorial de datos en áreas críticas como salud, educación, tributación, justicia y servicios públicos. Infraestructura nacional o al menos control verificable sobre infraestructuras críticas. Formación de talento y capacidad de cómputo. Regulación del perfilamiento abusivo. Y una conversación seria sobre cuánto del sistema nervioso digital del país estamos dispuestos a dejar en manos ajenas. La Ley Marco de Ciberseguridad aporta en la dimensión de prevención, coordinación y respuesta frente a incidentes, pero ella misma muestra el límite, la seguridad del ciberespacio es una condición necesaria, no la totalidad de la soberanía digital.
Tampoco hay que caer en una caricatura autárquica. Nadie propone un Chile aislado, digitalmente encerrado o desconectado del mundo. Eso sería absurdo e inviable. La emancipación del siglo XXI no consiste en cerrar fronteras informacionales, sino en impedir que la vida cotidiana de la población sea convertida, sin contrapeso suficiente, en materia prima barata para sistemas externos de acumulación y control. La meta no es que el Estado posea todos los datos. La meta es que la sociedad democrática tenga poder efectivo sobre las reglas, los usos, las infraestructuras y los límites del dato. Que el dato de las personas no sea una renta colonial del siglo XXI.
Por eso este debate no puede seguir tratado como un asunto lateral. Lo que está en juego no es solo la privacidad, aunque la privacidad importa. No es solo la innovación, aunque la innovación importa. No es solo la eficiencia del Estado, aunque la eficiencia importa. Lo que está en juego es la forma de la soberanía en la nueva época. Durante dos siglos, la política aprendió a defender territorio, recursos naturales y fronteras. Ahora le toca aprender a defender algo más escurridizo, pero no menos decisivo, el control sobre la capa digital que estructura la vida colectiva. El país que no entienda esto podrá tener leyes, podrá tener aplicaciones, podrá tener data centers, podrá incluso tener discursos bonitos sobre el futuro. Pero seguirá siendo periférico en el lugar exacto donde se organiza el poder.
La élite chilena del siglo XIX entendió, por interés, por intuición histórica o por necesidad, que no se podía seguir obedeciendo indefinidamente a un centro que decidía desde fuera. La pregunta que hoy debieran hacerse la política y, sobre todo, sus sectores progresistas es simple. Si ya sabemos que el nuevo poder se alimenta de datos, ¿vamos a limitar la conversación a la ética del algoritmo, o vamos a dar de una vez la pelea por la soberanía digital de Chile?
Porque la nueva independencia no se juega en los mapas.
Se juega en los datos.
