El ingreso del proyecto de reforma constitucional que forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno dejó una primera conclusión política: es posible compartir la urgencia de combatir la delincuencia y, al mismo tiempo, considerar innecesario —e incluso inconveniente— modificar la Constitución para hacerlo.
Los reparos han cruzado las fronteras entre oficialismo y oposición. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que la propuesta, en sus actuales términos, no puede ser respaldada, porque trasladar excepciones legales al texto constitucional podría terminar debilitando las instituciones. Desde RN, Andrea Balladares también advirtió que la Constitución no puede convertirse en un catálogo de políticas públicas ni modificarse cada vez que aparece un problema que requiere atención urgente.
La crítica también ha surgido desde el mundo académico. El constitucionalista Enrique Navarro recordó que la Carta Fundamental ya establece como deber del Estado resguardar la seguridad nacional y proteger a la población. A su juicio, la mayoría de las medidas anunciadas corresponden a materias de ley y no necesitan quedar consagradas en la Constitución.
El proyecto agrega expresamente la seguridad pública a las obligaciones estatales e incorpora referencias al crimen organizado y a los delitos terroristas. Sin embargo, parte importante de su aplicación quedaría entregada posteriormente a una ley de quorum calificado. Esto podría moderar los aspectos más polémicos, pero también fortalece una pregunta inevitable: si las herramientas concretas deberán aprobarse mediante una ley, ¿para qué resulta indispensable reformar la Constitución?
La seguridad pública necesita inteligencia, coordinación policial, control penitenciario, persecución patrimonial y mejores instrumentos para seguir la ruta del dinero. Necesita también acuerdos políticos y una legislación eficaz. Lo que no necesita es transformarse en una nueva consigna constitucional.
El Gobierno parece buscar un efecto comunicacional poderoso: transmitir decisión, endurecimiento y autoridad. Una reforma constitucional produce titulares, adhesiones rápidas y muchos “me gusta” en las redes sociales. Pero su impacto real sobre la delincuencia puede ser bastante más modesto. La distancia entre el anuncio y su utilidad concreta comienza a ser advertida incluso por los partidos que forman parte de la administración de José Antonio Kast.
La oposición no debería confundir estos reparos con una negativa a colaborar. Por el contrario, debe apoyar todas aquellas iniciativas legales que permitan combatir eficazmente el crimen organizado, insistiendo en el levantamiento oportuno del secreto bancario y en una persecución rápida de los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas. Pero apoyar la seguridad no significa aprobar cualquier fórmula presentada bajo su nombre.
Chile acaba de atravesar dos extensos y frustrados procesos constitucionales. Volver a utilizar la Constitución como escenario de una disputa coyuntural parece, cuando menos, imprudente. La delincuencia es demasiado grave como para combatirla con fuegos artificiales jurídicos. Y la Constitución es demasiado importante como para convertirla en parte del carnaval.
