En Chile usamos una palabra antigua, coloquial y bastante expresiva: cuchufleta. La usamos para referirnos a una mentira, pero también a algo más sofisticado: cuando nos dicen una cosa y, por debajo, nos intentan pasar otra. Una especie de engaño envuelto en una apariencia suficientemente atractiva como para hacerlo pasar inadvertido.
Y después de lo ocurrido con la llamada Reconstrucción Nacional, cabe preguntarse si la nueva agenda de seguridad del Gobierno vendrá o no con cuchufleta.
A casi cinco meses de haber asumido, el presidente José Antonio Kast anunció en cadena nacional su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un conjunto de más de 30 iniciativas con las que pretende enfrentar precisamente el asunto que estuvo en el corazón de su campaña presidencial: la seguridad pública. De esas iniciativas, 19 ya se encuentran en tramitación y se agregan una reforma constitucional y nueve nuevos proyectos.
El problema es que el anuncio llega tarde.
La seguridad fue probablemente la promesa más reconocible de Kast y una de las razones importantes de su triunfo electoral. Sin embargo, buena parte de estos primeros meses se consumió en errores políticos y de conducción. La salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad, su reemplazo por Martín Arrau y posteriormente la remoción de los dos subsecretarios del área reflejan un comienzo errático precisamente donde el Gobierno prometía mostrar sus mayores fortalezas.
Y el tiempo perdido importa. Importa mucho más cuando hablamos de seguridad.
Durante estos meses, los delitos violentos y los crímenes de alta connotación social han seguido alimentando una sensación de inseguridad que atraviesa a la sociedad chilena. Al mismo tiempo, el capital político inicial del Gobierno se ha deteriorado. La última Cadem sitúa la desaprobación presidencial en 60% y la aprobación en 37%.
Por eso la oposición cometería un error si respondiera simplemente oponiéndose a todo.
La seguridad no pertenece a la derecha ni a la izquierda. Es una demanda ciudadana y constituye una responsabilidad esencial del Estado. Una oposición responsable debiera estar disponible para acelerar los buenos proyectos, mejorarlos, corregir sus excesos y proporcionar los votos necesarios allí donde las medidas efectivamente contribuyan a combatir la delincuencia y el crimen organizado.
Incluso podría transformar esa disposición en liderazgo político.
Pero apoyar no significa firmar un cheque en blanco.
Aquí aparece una ausencia difícil de explicar: el levantamiento del secreto bancario. La propia oposición ya lo ha convertido en una de sus principales objeciones al anuncio presidencial.
Durante años se instaló la caricatura de que los delincuentes manejaban sus ganancias fuera del sistema financiero: dinero en efectivo, testaferros, propiedades o recursos escondidos quién sabe dónde. La realidad del crimen organizado es bastante más sofisticada. Las organizaciones criminales necesitan lavar, mover, invertir y proteger enormes cantidades de dinero. Persiguen utilidades y necesitan convertir los recursos obtenidos ilegalmente en patrimonio aparentemente legítimo.
Por eso seguir la ruta del dinero no es un asunto accesorio. Es atacar el negocio que hace posible el crimen organizado.
El Estado necesita instrumentos ágiles para que fiscales y organismos especializados puedan llegar oportunamente hasta esos recursos, naturalmente dentro de un marco legal que establezca controles y responsabilidades. Frente a organizaciones que disponen de dinero, tecnología, asesores y mecanismos para ocultar su patrimonio, investigar siempre varios pasos atrás significa simplemente llegar tarde.
Ahí la oposición tiene una buena batalla que dar: apoyo a una agenda efectiva de seguridad, pero exigencia firme para incorporar herramientas que permitan perseguir el patrimonio del narcotráfico y del crimen organizado.
¿Habrá cuchufleta?
El Gobierno acaba de conseguir una importante victoria parlamentaria con su denominada Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Bajo ese enorme paraguas terminó aprobándose una reforma cuyo corazón económico incluye la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la reintegración tributaria y garantías de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.
La experiencia, por tanto, aconseja leer la letra chica.
¿Qué vendrá dentro de los proyectos que ahora serán presentados bajo el gran título de la seguridad? ¿Habrá solamente herramientas necesarias para combatir el delito o aparecerán, entre indicaciones y artículos, materias que exceden ese propósito? ¿Se intentará utilizar la enorme legitimidad social de la lucha contra la delincuencia para hacer pasar otras transformaciones mucho más discutibles?
Todavía no lo sabemos.
Por eso la actitud sensata no es la desconfianza absoluta ni la ingenuidad. Es colaborar y fiscalizar al mismo tiempo. Aprobar lo bueno, mejorar lo insuficiente, exigir el levantamiento del secreto bancario y revisar con lupa cada proyecto.
Porque cuando se trata de recuperar la seguridad de los chilenos, todo el apoyo necesario.
