Cuando el sentido común se convierte en doctrina
El problema no es que un gobierno tenga ideas. Sería extraño que no las tuviera. El problema comienza cuando sus líderes presentan esas ideas como si fueran la expresión natural del país y reservan la palabra «ideología» para describir las convicciones de sus adversarios.
La discusión abierta por las declaraciones atribuidas al vocero Gonzalo Arenas permite mirar esa operación con cierta distancia. Según su planteamiento en Tolerancia Cero, tal como se ha recogido en el debate, el conservadurismo sería una manera de hacer política cercana al sentido común, mientras la izquierda respondería a recetas doctrinarias, importadas y ajenas a la experiencia nacional. La oposición no sería solo entre programas: sería entre quienes comprenden a Chile y quienes pretenden forzarlo a parecerse a otra cosa.
Pero el conservadurismo chileno tiene historia intelectual. El gremialismo asociado a Jaime Guzmán elaboró ideas precisas acerca del Estado, la sociedad, los cuerpos intermedios y la organización del poder. Esas ideas participaron en la construcción de instituciones y en disputas que todavía nos acompañan. Negarles carácter ideológico no las vuelve neutrales: simplemente dificulta someterlas al mismo escrutinio que se exige a las demás.
La apelación al sentido común tiene fuerza porque parece no necesitar demostraciones. Se presenta como la voz de la experiencia, de la normalidad y de lo que «todos saben». Sin embargo, en una sociedad plural lo evidente para unos puede ser precisamente aquello que otros desean discutir. Las instituciones democráticas existen, entre otras razones, para que ninguna tradición pueda apropiarse definitivamente de la definición de lo razonable.
También hay una dimensión práctica. Cuando un vocero menosprecia a una colectividad parlamentaria cuyos votos podrían ser necesarios, muestra las limitaciones de una política que privilegia la superioridad retórica sobre la construcción de acuerdos. El episodio con el Partido de la Gente puede leerse como un tropiezo táctico; la clasificación de unas ideas como nacionales y otras como extrañas revela un problema más persistente.
Una democracia no necesita políticos sin convicciones. Necesita políticos capaces de reconocer que las propias también son discutibles. El sentido común no es propiedad de un gobierno: es, precisamente, uno de los terrenos donde una sociedad debate su futuro.
La protesta que se acepta y la protesta que se teme
Un paro de camioneros puede ser presentado como una expresión de demandas concretas y voluntad de acuerdo. Una movilización estudiantil o sindical, en cambio, puede ser descrita como el intento de derribar un modelo. Esa distinción, sugerida en el debate reciente sobre las palabras del vocero Gonzalo Arenas, merece ser examinada con cuidado: ¿qué convierte a una protesta en interlocutora legítima y a otra en amenaza?
No es razonable medir la legalidad o la legitimidad de una movilización por la identidad política de sus participantes. Los bloqueos de rutas, la afectación de terceros y los eventuales delitos deben evaluarse con criterios equivalentes, cualquiera sea la causa defendida. Tampoco cabe presumir que todos los participantes de una protesta actúan de la misma manera. La responsabilidad es individual y los movimientos sociales suelen reunir motivaciones y métodos diversos.
Hay otra confusión en juego: buscar cambios profundos no equivale a rechazar la democracia. Una organización puede aspirar a modificar las reglas del sistema económico, ampliar derechos o reformar instituciones y hacerlo mediante procedimientos pacíficos, deliberación pública y representación política. La democracia no se reduce a administrar lo que existe. También permite discutir si lo existente es justo, eficaz o suficiente.
Es cierto que la violencia política y la destrucción de bienes deben ser condenadas, sin importar su origen. También es cierto que las demandas de orden y continuidad tienen legitimidad democrática. El punto es que ninguna de esas afirmaciones autoriza a declarar sospechoso a un movimiento entero por su orientación ideológica.
Cuando el poder distingue entre ciudadanos que «piensan en Chile» y ciudadanos supuestamente movidos por doctrinas destructivas, no solo evalúa acciones: distribuye certificados de pertenencia. Unos quedarían dentro del país razonable; otros deberían demostrar una y otra vez que sus demandas merecen ser escuchadas.
La prueba democrática de un gobierno no consiste en dialogar únicamente con quienes le resultan familiares. Consiste en escuchar también a quienes incomodan sus certezas, exigirles las mismas reglas que a los demás y reconocer que el conflicto social no desaparece por llamarlo amenaza.
El regreso del miedo y la revancha del «octubrismo»
Antes de que una marcha comience, puede estar escrita la interpretación con que se intentará juzgarla. Basta una palabra para reunir temores, recuerdos y rechazos: «octubrismo». Cuando se anuncia que futuras movilizaciones vendrían a «cobrar revancha», el conflicto deja de ser leído en función de sus demandas y pasa a ser narrado como el retorno de un adversario derrotado.
Ese encuadre resulta políticamente eficaz porque activa memorias recientes. El estallido social de 2019 combinó movilizaciones masivas y pacíficas, episodios graves de violencia, críticas a desigualdades persistentes y demandas que no cabían en una sola organización ni en un único programa. Convertir toda esa experiencia en una identidad homogénea empobrece su comprensión histórica. También permite atribuir a estudiantes, trabajadores o comunidades de hoy intenciones que todavía no han expresado.
El plebiscito del 4 de septiembre de 2022 fue una derrota contundente de una propuesta constitucional. Pero el significado de ese resultado sigue siendo materia de interpretación. No es metodológicamente correcto deducir que cada voto por el Rechazo representó una condena de todas las demandas formuladas desde 2019. Las personas votan por razones múltiples, y una decisión sobre un texto no resuelve para siempre la discusión sobre derechos, servicios públicos o desigualdad.
El miedo como recurso electoral tampoco nació ayer. Durante la Guerra Fría y las campañas chilenas de los años sesenta y comienzos de los setenta, distintos actores movilizaron temores relacionados con la escasez, la familia, la educación y el futuro de los hijos. Es una historia que exige estudiar contextos y responsabilidades sin convertirla en una explicación única de cada elección. Lo novedoso del momento actual, si este discurso se consolida, sería su uso desde el propio gobierno para interpretar conflictos que todavía están por desarrollarse.
Es legítimo que un gobierno anticipe dificultades, defienda el orden público y advierta sobre riesgos de violencia. Lo discutible es que atribuya anticipadamente a quienes podrían protestar un propósito de revancha. Esa fórmula reemplaza el examen de los reclamos por una sospecha sobre sus protagonistas.
El desafío no es elegir entre orden y movilización, como si fueran mundos incompatibles. Es garantizar derechos, seguridad y debate público al mismo tiempo. Cuando el miedo decide de antemano quién puede hablar en nombre del país, la democracia empieza a escuchar menos justo cuando más necesita hacerlo.
