Las rebajas de condena a responsables de delitos sexuales contra menores golpearon la promesa de seguridad del Gobierno. La decisión de mantener al ministro de Justicia extiende el conflicto y compromete la credibilidad presidencial.
La acusación constitucional que prepara la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, podría abrir una nueva etapa en una crisis que el Gobierno ha contribuido a prolongar. El domingo 8 de noviembre, el presidente del PPD, Raúl Soto, aseguró que el texto estaba prácticamente terminado y anunció su presentación para los próximos días. Entretanto, el Ejecutivo continúa defendiendo a un ministro cuyas actuaciones han puesto en cuestión una de sus principales promesas: la firmeza frente al delito. Declaraciones recogidas por T13.
El problema tiene una dimensión especialmente delicada para José Antonio Kast. Su Gobierno llegó a La Moneda ofreciendo seguridad, protección a las víctimas y un trato severo hacia quienes delinquen. Sin embargo, durante sus primeros meses, el Ministerio de Justicia dictó decretos que redujeron las condenas de responsables de abusos sexuales y violaciones contra menores de edad. La contradicción alcanza el centro del relato con el que esta administración construyó su legitimidad.
Fue una investigación de Interferencia, publicada el 21 de octubre, la que identificó 56 decretos de rebaja de condena emitidos entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre: 27 relacionados con abuso sexual de menores y 29 con violación. El medio informó que las solicitudes habían sido acogidas administrativamente, sin una resolución judicial que ordenara conceder cada beneficio. Corresponde reconocer ese trabajo periodístico: permitió someter a escrutinio decisiones de enorme trascendencia que permanecían fuera del debate público. Investigación original de Interferencia.
La defensa de Rabat ha descansado en que actuó conforme a la ley y a la interpretación de la Corte Suprema. La controversia jurídica se refiere, entre otros aspectos, al alcance de la reforma de 2022 que excluyó de este beneficio a quienes cometieron determinados delitos sexuales contra menores y a su aplicación respecto de hechos anteriores.
Esta discusión exige rigor. Las personas condenadas conservan derechos y el Estado debe respetarlos. Asimismo, las autoridades están obligadas a cumplir las sentencias judiciales. Pero ejecutar un fallo que ordena conceder una rebaja y otorgarla administrativamente, suponiendo que cualquier controversia terminará inevitablemente con ese resultado, son actuaciones distintas.
Los antecedentes conocidos cuestionan esa supuesta inevitabilidad. CIPER revisó nueve casos en que el propio ministerio, ya bajo la gestión de Rabat, había rechazado solicitudes y defendido su decisión ante los tribunales. En seis obtuvo resoluciones favorables: cinco de la Corte Suprema y una de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Rechazar y litigar era una alternativa que esta administración había utilizado con resultados concretos. Investigación de CIPER.
El argumento de evitar una judicialización innecesaria pierde fuerza ante esos antecedentes. Si existían decisiones judiciales que respaldaban el rechazo, someter la controversia a los tribunales podía permitir precisamente determinar qué interpretación correspondía aplicar. La eficiencia administrativa requiere una justificación especialmente cuidadosa cuando sus consecuencias afectan la libertad de los condenados y las condiciones de protección de las víctimas.
Estas últimas deben ocupar un lugar central en la evaluación de lo ocurrido. Se ha documentado al menos un caso en que una mujer conoció por la televisión que su agresor había quedado libre. Una noticia semejante puede alterar profundamente la vida de quien creía conocer la fecha de cumplimiento de una condena y organizaba su seguridad en función de ella. La información y el acompañamiento a las víctimas forman parte de las obligaciones que el Estado debe atender. Testimonio recogido por El País.
El 26 de octubre, Kast anunció una respuesta legislativa, la revisión de los decretos y la suspensión de la tramitación de rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores. Esas medidas reconocieron la gravedad del conflicto. Sin embargo, dejaron pendiente una pregunta decisiva: por qué se adoptó y sostuvo el criterio que hizo necesarias esas correcciones. Anuncio oficial del Gobierno.
La controversia volvió a ampliarse el domingo 8 de noviembre. BioBioChile reveló que Rabat había firmado, tres días antes, un decreto que redujo en diez meses la condena de Peter Andrés Rojas Gallardo, sentenciado por homicidio simple. También aparece firmando la nueva subsecretaria de Justicia, Josefina Soto. El Ejecutivo sostuvo que seguía obligado a conceder estos beneficios cuando correspondiera y que la suspensión anunciada comprendía exclusivamente los delitos sexuales contra menores. Investigación de BioBioChile.
La precisión importa: este nuevo decreto no demuestra, por sí solo, un incumplimiento de aquella suspensión. Su legalidad debe examinarse conforme a sus propios antecedentes. Políticamente, sin embargo, devuelve al Gobierno a una posición desgastante: explicar otra rebaja de condena mientras intenta convencer de que está corrigiendo el problema que originó la crisis. Cada nueva decisión queda expuesta a la desconfianza acumulada por las anteriores.
La permanencia de Rabat profundiza esa dificultad. El ministro encargado de conducir las correcciones es también quien debe responder por las decisiones cuestionadas. El Ejecutivo intenta sostener simultáneamente la defensa de sus actuaciones anteriores y la credibilidad de las soluciones que ahora propone.
El desgaste alcanza, además, su capacidad de interlocución. El 2 de noviembre, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, declaró que Rabat había dejado de ser un interlocutor válido para su sector. Esa posición no permite asegurar que todos los parlamentarios rechazarán discutir cualquier iniciativa con él, pero evidencia un deterioro de la relación con el Congreso. Negociar reformas, recursos presupuestarios y acuerdos en materia de justicia se vuelve más difícil cuando la confianza en quien encabeza esas conversaciones está seriamente cuestionada. Declaraciones recogidas por Cooperativa.
La eventual acusación constitucional deberá acreditar las infracciones que impute y respetar el derecho de defensa. Una comisión de diputados informará sobre su procedencia; la Cámara deberá pronunciarse y, si declara que ha lugar, el Senado conocerá la acusación como jurado. La responsabilidad constitucional tiene exigencias propias que la gravedad del conflicto político no reemplaza. Marco del procedimiento.
La responsabilidad política, entretanto, ya alcanza al Presidente. Un cambio de ministro, acompañado de medidas legislativas, transparencia y protección a las víctimas, habría podido abrir un espacio para recuperar confianza. Las responsabilidades por lo ocurrido habrían seguido pendientes, pero una nueva conducción habría tenido otras condiciones para abordar las correcciones.
Kast ha optado por mantener a Rabat. Con ello, asume el costo de sus actuaciones, de sus explicaciones y de las dificultades que su continuidad introduce en la agenda del Gobierno. La defensa del ministro se ha convertido en una decisión presidencial.
Cada día dedicado a sostenerlo prolonga la contradicción con la promesa de seguridad. La firmeza frente al delito también exige coherencia en las decisiones, transparencia ante la ciudadanía y disposición a asumir responsabilidades. La continuidad de Rabat pone esas exigencias a prueba y compromete la credibilidad del propio Gobierno.
