En Chile, los expresidentes suelen hablar poco y escoger con cuidado cuándo hacerlo. La norma no escrita ha sido la prudencia: preservar cierta distancia respecto de la coyuntura, intervenir solo en momentos excepcionales y, la mayoría de las veces, hacerlo en clave de unidad nacional o de defensa institucional.
Por eso la declaración conjunta de Michelle Bachelet y Gabriel Boric sobre la adhesión de Chile al Escudo de las Américas merece ser leída más allá de su contenido inmediato. Ambos llamaron al presidente José Antonio Kast a reconsiderar la permanencia del país en la iniciativa impulsada por Donald Trump y advirtieron que la cooperación internacional contra el crimen organizado no debe comprometer la soberanía ni la autonomía estratégica de Chile. Al mismo tiempo, ofrecieron colaborar en la construcción de una política de Estado en materia de seguridad transnacional.
La pregunta surge de manera inevitable: ¿qué tuvo que ocurrir para que dos expresidentes decidieran romper esa tradición de bajo perfil y entrar directamente en una controversia del gobierno en ejercicio?
La respuesta parece estar en la materia misma.
El Gobierno ha defendido la incorporación al Escudo de las Américas señalando que no se trata de un tratado, que no contempla operaciones militares en territorio chileno y que su objetivo principal es coordinar información y acciones contra organizaciones criminales transnacionales. Kast ha insistido en que Chile mantendrá plenamente su soberanía y su institucionalidad, y la Cancillería ha sostenido una posición similar.
Pero las dudas no se han disipado.
Académicos, exautoridades y especialistas en relaciones internacionales han cuestionado los alcances políticos y estratégicos de la iniciativa. Marcos Robledo, académico de la Universidad de Chile y exsubsecretario de Defensa, ha advertido que el Escudo debe analizarse más allá de la cooperación policial y en relación con la política estadounidense hacia América Latina y China. La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Ximena Fuentes ha señalado que, aunque la declaración no sea jurídicamente un tratado, contiene compromisos políticos relevantes en materias de seguridad, economía y minerales críticos. El excanciller Mariano Fernández, por su parte, ha descrito la iniciativa como una potencial forma de intervencionismo y ha relatado presiones estadounidenses para que Chile se incorporara.
El Gobierno rechaza esa interpretación y sostiene que la política exterior chilena sigue siendo soberana. Precisamente por eso el debate resulta importante: no existe todavía una lectura compartida sobre el alcance real de los compromisos asumidos.
Y es ahí donde la carta de Bachelet y Boric adquiere un peso político mayor.
No estamos solo ante dos exmandatarios expresando una discrepancia. Ambos encarnan, con diferencias evidentes entre ellos, gobiernos que se inscribieron en una tradición de política exterior donde la autonomía, el multilateralismo y la búsqueda de relaciones equilibradas entre grandes potencias ocuparon un lugar central. Su intervención intenta instalar la discusión en ese terreno: no si Chile debe o no colaborar contra el crimen organizado —algo que ninguno de los dos cuestiona—, sino bajo qué condiciones, con qué grado de autonomía y dentro de qué marco estratégico.
Ese matiz es importante.
Porque el debate sobre el Escudo de las Américas puede terminar desplazándose desde la seguridad hacia un terreno mucho más delicado para el propio presidente Kast: el de la soberanía.
Kast ha construido una parte importante de su identidad política alrededor de conceptos como nación, orden, seguridad, patriotismo y defensa de las instituciones chilenas. Esa trayectoria pública convierte cualquier cuestionamiento relativo a una eventual subordinación frente a una potencia extranjera en una controversia especialmente sensible para su propio discurso.
Esto no significa que la crítica vaya necesariamente a debilitarlo. El Gobierno tiene un argumento claro: el crimen organizado es transnacional y exige cooperación internacional; el Escudo, sostiene, proporciona información, coordinación y capacidades adicionales sin transferir soberanía ni permitir operaciones militares extranjeras.
Pero también existe un riesgo político evidente si la discusión consigue instalar otra pregunta: ¿puede un gobierno que ha hecho de la soberanía y del nacionalismo parte de su identidad aparecer demasiado alineado con la estrategia hemisférica de Washington?
Ese es probablemente el aspecto más interesante de esta controversia.
Durante años, la defensa de la soberanía nacional fue utilizada con frecuencia desde sectores de derecha como una crítica a organismos multilaterales, tribunales internacionales o compromisos externos que podían limitar decisiones nacionales. Ahora la discusión podría invertirse: sectores progresistas intentan colocar la soberanía en el centro de su cuestionamiento a una iniciativa liderada por Estados Unidos.
Si ese desplazamiento logra consolidarse, el conflicto dejará de ser simplemente una diferencia entre Gobierno y oposición en materia internacional. Se convertirá en una disputa por el significado mismo del patriotismo, la autonomía y la defensa del interés nacional.
La carta de Bachelet y Boric muestra que ambos parecen haber percibido esa dimensión. Por eso decidieron intervenir.
Y tal vez esa sea la verdadera novedad política de estos días.
No que dos expresidentes hayan cuestionado una decisión del Gobierno, sino que lo hayan hecho precisamente en uno de los terrenos simbólicos donde José Antonio Kast ha construido buena parte de su liderazgo: la defensa de Chile, de su soberanía y de su capacidad para decidir por sí mismo.
La pregunta hacia adelante no es solo qué hará el Gobierno con el Escudo de las Américas.
Es también quién logrará definir ante la opinión pública qué significa hoy defender la soberanía de Chile.
