El lunes 28 de septiembre, el canciller Francisco Pérez respondió las preguntas del diputado socialista Nelson Venegas en la primera interpelación a un ministro de Relaciones Exteriores desde que este mecanismo se incorporó en 2005. El carácter inédito de la sesión dice bastante sobre el momento que atraviesa nuestra política exterior: decisiones que antes podían discutirse dentro de un marco de acuerdos relativamente compartidos hoy suscitan una desconfianza que terminó llevando al canciller al hemiciclo.
La interpelación no produjo una aclaración suficiente de las cuestiones de fondo. Su desenlace político siguió una rutina conocida: el Gobierno defendió al ministro y la oposición cuestionó sus respuestas. Cada sector encontró razones para declararse satisfecho con su actuación. Pero el interés del país difícilmente puede medirse por los aplausos que recibió el canciller o por la dureza de las preguntas que enfrentó. Lo relevante es lo que deberá demostrar de aquí en adelante.
La política exterior requiere reserva en determinadas materias. Una negociación delicada puede perjudicarse si todos sus antecedentes se ventilan públicamente. Esa necesidad, sin embargo, exige confianza en quienes conducen las relaciones internacionales. Cuando las decisiones del Gobierno generan dudas sobre los intereses que se están resguardando, la reserva pierde capacidad de convencer y crece la demanda de explicaciones. El problema de esta semana también es ese: una política exterior que necesita justificar su orientación frente a sectores que perciben un desplazamiento desde el interés nacional hacia las afinidades ideológicas del Ejecutivo.
La adhesión al Escudo de las Américas concentra buena parte de esa discusión. Chile anunció su incorporación el 22 de septiembre y la Cancillería presentó la iniciativa como una coordinación voluntaria contra el crimen organizado, con beneficios en información, capacitación y cooperación entre fuerzas de seguridad. Son objetivos atendibles. Precisamente por eso corresponde explicar qué agrega esta participación y cuáles son sus alcances políticos.
Pérez sostuvo durante la interpelación que no hubo firma y que la adhesión no constituye un tratado vinculante. Esa precisión debe recogerse, pero no resuelve la controversia. Una declaración política también compromete una orientación, produce expectativas entre sus participantes y comunica al resto del mundo dónde se sitúa un gobierno. El problema no desaparece porque el instrumento carezca de las obligaciones jurídicas de un tratado.
Cooperar con Estados Unidos puede ser conveniente para Chile. Lo que debemos examinar es si esa cooperación conserva nuestra capacidad de decidir o si termina incorporándonos a una agenda definida desde Washington. La autonomía se ejerce cuando podemos respaldar una iniciativa por sus beneficios concretos y, al mismo tiempo, discrepar de quien la promueve. Si el Gobierno considera que ambas cosas son compatibles, tendrá que demostrarlo con decisiones.
Tampoco resulta suficiente presentar la adhesión como una consecuencia inevitable del contexto continental. Brasil y México permanecen fuera del Escudo. La región no ha adoptado una única posición y Chile tenía alternativas que debían evaluarse. Las presiones de una potencia pueden explicar las dificultades de una decisión; no bastan para justificarla.
La salida del Movimiento de Países No Alineados añade un antecedente a esa lectura. Durante la interpelación, el canciller defendió el retiro argumentando que Chile debía distanciarse frecuentemente de sus declaraciones y que conserva otras instancias de relación con el sur global. Es una explicación que merece discutirse. Pero, observadas en conjunto, la salida de un espacio de concertación y la incorporación a una iniciativa impulsada por Trump permiten preguntarse si estamos frente a ajustes prácticos o ante una reorientación ideológica de nuestra política exterior.
Esa pregunta adquiere una expresión especialmente concreta en la relación con Argentina. La cercanía entre José Antonio Kast y Javier Milei puede facilitar conversaciones, pero no asegura coincidencia entre los intereses de ambos países. En el extremo austral hay materias donde Chile necesita sostener una posición propia, aunque resulte incómoda para un gobierno amigo.
Corresponde reconocer que ambos presidentes reafirmaron este mes la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes. También debe recordarse que sigue siendo motivo de controversia el decreto argentino de 2021 que lo caracteriza como un espacio compartido. La declaración bilateral es importante; la persistencia de esa ambigüedad exige seguimiento y resultados. La confianza entre mandatarios necesita traducirse en coherencia entre lo que se declara y lo que permanece en los documentos de Estado.
El nuevo frente está en las Malvinas y sus conexiones con Punta Arenas. Argentina anunció actuaciones contra una empresa británica por vuelos que considera no autorizados entre las islas y la ciudad chilena. Paralelamente, una misión comercial y un proyecto de conexión marítima han vuelto a situar a Punta Arenas en el centro de los intercambios australes. Chile debe evaluar las consecuencias de esas tensiones para sus actividades y sus comunidades.
Esos vínculos tienen una historia que supera ampliamente a los gobiernos actuales. El historiador Mateo Martinic documentó relaciones comerciales, sociales y de comunicaciones entre Magallanes y las islas desde el siglo XIX. Allí hay circulación de personas, experiencias y actividades económicas que forman parte de la trayectoria regional. Tratarlas como una pieza prescindible de una disputa externa sería desconocer esa historia y los intereses que siguen sosteniéndolas.
El endurecimiento de Milei frente a las actividades económicas en las Malvinas también admite una lectura de política interna: una causa de fuerte arraigo nacional puede ofrecer cohesión cuando un gobierno enfrenta dificultades. Esa interpretación no convierte cada controversia en una maniobra deliberada, pero obliga a Chile a observar con atención las consecuencias de una agenda que puede proyectarse sobre sus conexiones australes.
Punta Arenas ocupa, por su ubicación y sus vínculos, una posición relevante en este escenario. Para sus habitantes, lo que se discute puede traducirse en oportunidades comerciales, conectividad y desarrollo. La Cancillería tiene que incorporar esa dimensión territorial a su manera de definir el interés nacional.
La prueba del canciller comienza después de la interpelación. Tendrá que demostrar que Chile puede cooperar sin renunciar a su autonomía y mantener buenas relaciones con Argentina sin aceptar que los intereses magallánicos queden subordinados a las prioridades de Buenos Aires. La cercanía ideológica entre presidentes será útil mientras contribuya a resolver los problemas. Cuando los intereses diverjan, el deber del Gobierno seguirá siendo el mismo: defender los de Chile.
