La inteligencia artificial llegó al Estado y con ella una discusión que no podemos reducir a convenios tecnológicos, proveedores o aplicaciones. Lo que está en juego es quién controlará la infraestructura, el conocimiento y los datos sobre los cuales se tomarán las decisiones públicas de las próximas décadas.

En abril de este año escribí en La Citroneta que la nueva independencia de Chile se juega en el dato. Planteaba entonces que habíamos avanzado en la protección de la información personal, pero que seguía pendiente una discusión mucho más profunda sobre nuestra capacidad como país para decidir quién almacena, procesa e interpreta la información que producimos como sociedad. Siete meses después, esa discusión dejó de ser una preocupación sobre el futuro y se instaló en las decisiones del presente.

El 16 de noviembre, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, firmó en Estados Unidos un memorándum de entendimiento con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, para explorar la incorporación de inteligencia artificial en la administración pública, capacitar funcionarios y apoyar el desarrollo tecnológico de emprendimientos nacionales. Al día siguiente, el Congreso despachó la postergación de la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, originalmente prevista para el 1 de diciembre de este año, hasta el 15 de octubre de 2027. Son decisiones distintas, cuyos procesos comenzaron en momentos diferentes, y no hay antecedentes que permitan afirmar que una provocó la otra. Su coincidencia, sin embargo, obliga a mirar con especial atención el momento institucional que vivimos. Mientras exploramos nuevas capacidades para procesar información pública mediante inteligencia artificial, aplazamos la plena aplicación del nuevo marco de protección y fiscalización de datos personales.

Y aquí es donde debemos detenernos. Incorporar inteligencia artificial al Estado es una decisión estratégica de soberanía nacional.

El dato es una infraestructura crítica de la nación

Cuando hablamos de infraestructura crítica pensamos habitualmente en carreteras, puertos, aeropuertos, centrales eléctricas, sistemas de agua potable, telecomunicaciones o instalaciones militares, elementos esenciales para que el país funcione. En una sociedad digitalizada existe otra infraestructura igualmente estratégica, la que recoge, administra y procesa la información producida por millones de ciudadanos en su relación cotidiana con el Estado. Cada vez que una persona nace, estudia, solicita una beca, se atiende en un hospital, paga impuestos, constituye una empresa, postula a una vivienda o realiza un trámite público, produce información. Esos millones de interacciones, en conjunto, permiten comprender cómo vive, trabaja, se enferma, se educa y se desarrolla

públicas. Podemos tener nuestras propias leyes, autoridades e instituciones y, al mismo tiempo, construir dependencias tecnológicas que limiten progresivamente nuestra capacidad de decisión. Ese es el riesgo que debemos discutir. La inteligencia artificial no es una amenaza en sí misma, y su enorme poder para transformar los procesos sociales exige una responsabilidad política equivalente. nuestra sociedad.

Los derechos de las personas sobre su información personal deben estar plenamente garantizados, y el Estado no es propietario de la vida privada de los ciudadanos. Lo que sostengo es que los sistemas que administran, relacionan y procesan esa información constituyen una capacidad estratégica para el funcionamiento del país, y que esa capacidad merece una discusión de Estado. La inteligencia artificial cambia profundamente lo que podemos hacer con esos datos. Hoy podemos, además de almacenarlos y consultarlos, establecer relaciones, identificar patrones, anticipar necesidades, descubrir irregularidades y producir conocimiento a una escala impensable hace pocos años. Eso puede transformar positivamente las políticas públicas, y también abre riesgos inéditos.

Que una empresa tecnológica se comprometa a no utilizar información para entrenar sus modelos dice poco sobre qué información recibe para procesarla, cuánto tiempo la conserva, quién puede acceder a ella, qué patrones podrían inferirse y bajo qué jurisdicción se resuelven eventuales conflictos. No afirmo que OpenAI esté perfilando ciudadanos chilenos ni que el acuerdo firmado permita hacerlo, y no existe evidencia para sostenerlo. Afirmo que la posibilidad tecnológica existe y que el Estado tiene la obligación de diseñar mecanismos para impedir usos indebidos antes de incorporar masivamente estas herramientas. El riesgo, además del robo de información, está en que una arquitectura tecnológica permita concentrar capacidades de conocimiento sobre la ciudadanía fuera del control efectivo de nuestras instituciones, y una cláusula contractual, por sí sola, no reemplaza la capacidad técnica de supervisar su cumplimiento.

Detrás de la tecnología hay poder

El memorándum firmado con OpenAI no establece exclusividad, no compromete compras y, según ha declarado el Ministerio de Ciencia, no contempla intercambio de datos personales. Las contrataciones futuras deberán sujetarse a los procedimientos correspondientes. Es importante reconocerlo. El documento contempla también un grupo de trabajo conjunto para explorar necesidades y aplicaciones, con reuniones periódicas entre representantes del ministerio y la empresa, y de ahí surge una pregunta política legítima: ¿debe una empresa potencialmente proveedora participar de manera privilegiada en el diagnóstico de las necesidades tecnológicas del Estado? Para construir una ventaja competitiva no se necesita una compra inmediata, porque el conocimiento temprano de las necesidades institucionales también tiene valor. Por eso resulta indispensable que los diagnósticos, los estándares y las decisiones estratégicas estén bajo conducción pública, con transparencia y participación de nuestras capacidades nacionales.

No tengo nada contra OpenAI, ni contra Google, Microsoft, Anthropic, las empresas chinas o cualquier otro proveedor tecnológico. La inteligencia artificial es una transformación extraordinaria que Chile debe aprovechar. Mi preocupación es que confundamos cooperación tecnológica con conducción estratégica y terminemos permitiendo que las soluciones disponibles definan nuestras necesidades, cuando corresponde establecer primero qué necesita Chile y luego seleccionar las tecnologías capaces de resolverlo.

La geopolítica también se disputa en los cables y los servidores

Esta discusión no ocurre en un mundo neutral. Estados Unidos y China mantienen una competencia estratégica por semiconductores, inteligencia artificial, infraestructura digital, cadenas de suministro y capacidades tecnológicas, y Chile no está fuera de esa disputa. En febrero de este año, Estados Unidos revocó las visas de tres funcionarios chilenos en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino Chile-China Express, que busca establecer una conexión directa entre nuestro país y Asia. Fue una demostración concreta de cómo la infraestructura digital puede convertirse en un asunto de presión diplomática.

En septiembre, el Gobierno de José Antonio Kast anunció la adhesión de Chile al llamado Escudo de las Américas, presentado principalmente como un instrumento de cooperación contra el crimen organizado. La declaración conjunta incluye también cooperación económica, inversiones, minerales críticos y criterios relacionados con proveedores de infraestructura digital. Ahora se firma un memorándum con OpenAI, empresa estadounidense cuya iniciativa internacional para países cuenta con respaldo de un programa del Departamento de Comercio de Estados Unidos. ¿Responden estos tres acontecimientos a una misma instrucción? No tenemos elementos para afirmarlo. Desde mi perspectiva política, sin embargo, forman parte de un escenario que Chile debe examinar con mucha mayor profundidad, porque decisiones tecnológicas aparentemente separadas pueden ir configurando dependencias estratégicas que, una vez consolidadas, resultan extremadamente difíciles de revertir. Me parece también legítimo cuestionar la orientación de las alianzas internacionales que impulsa el actual Ministerio de Ciencia y preguntarse cuánto influyen en ellas las trayectorias, prioridades y afinidades de sus autoridades.

Chile puede cooperar con Estados Unidos, con China y con cualquier otro actor sin entregar a ninguno la conducción de su infraestructura digital. La soberanía consiste en conservar nuestra capacidad de decidir, sin importar con qué potencia cooperemos. Chile ha construido históricamente relaciones internacionales que procuran preservar sus intereses nacionales más allá de las diferencias entre gobiernos y de las disputas entre grandes potencias, y esa tradición debe extenderse a la infraestructura digital, porque los cables submarinos, los centros de datos, los modelos de inteligencia artificial y los sistemas públicos de información ya forman parte de la arquitectura estratégica de una nación.

Chile no está comenzando desde cero

Un elemento fundamental suele quedar fuera de la conversación pública, y es que Chile ya tiene capacidades. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, desarrollado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) junto con la CEPAL, ubicó a nuestro país en el primer lugar regional de su evaluación general de preparación, desarrollo y gobernanza. Contamos además con una infraestructura de conectividad destacada internacionalmente, pues Chile figura entre los países con mayores velocidades de banda ancha fija del mundo. Tenemos universidades, investigadores, centros especializados, profesionales y experiencia acumulada. Tenemos CENIA, una institución de investigación nacida en 2021, con financiamiento público a través de ANID y participación universitaria. Tenemos una Política Nacional de Inteligencia Artificial formulada durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, actualizada durante el Gobierno de Gabriel Boric y con un horizonte de desarrollo hasta 2031. Y tenemos un Congreso Nacional que, mediante sus comisiones especializadas y espacios como Congreso Futuro, lleva años reuniendo conocimiento científico, tecnológico y político sobre estas transformaciones. Todo eso constituye patrimonio institucional y conocimiento acumulado.

No tengo antecedentes para afirmar que estas instituciones hayan sido deliberadamente excluidas del reciente acuerdo. Mi pregunta es más sencilla. Si ya hemos invertido recursos públicos en construir capacidades nacionales, ¿por qué no ponerlas al centro de la discusión sobre cómo el Estado adoptará inteligencia artificial? ¿Por qué no aprovechar ese conocimiento para estudiar alternativas, establecer estándares, definir riesgos y determinar nuestras necesidades antes de sentarnos a negociar con proveedores? Las instituciones estratégicas no deberían pertenecer a un gobierno, deben servir al país y trascender los ciclos políticos, y esa es la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado.

La inteligencia artificial también puede construir un Estado más justo

Creo profundamente en el potencial de la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos, reducir ineficiencias y ampliar capacidades allí donde hoy existen grandes desigualdades territoriales, y por eso no propongo frenar su adopción. Pensemos en una pequeña municipalidad del sur de Chile. Una oficina con pocos funcionarios, recursos limitados y dificultades para contratar profesionales especializados debe enfrentar muchas veces exigencias administrativas similares a las de una institución mucho más grande. La inteligencia artificial puede ayudar a revisar documentación, organizar antecedentes, asistir en procedimientos, detectar errores y entregar mejores respuestas a los ciudadanos, multiplicando las capacidades disponibles sin exigir que cada institución tenga un equipo completo de especialistas para todas sus tareas. No reemplaza el criterio profesional, las responsabilidades legales ni las decisiones humanas, pero puede apoyar enormemente su trabajo.

Esto tiene una dimensión territorial esencial. Un ciudadano de una comuna pequeña merece la misma calidad de atención del Estado que una persona que realiza sus trámites en Santiago. La inteligencia artificial puede contribuir a reducir esas diferencias, mejorar la eficiencia, facilitar el acceso a servicios, permitir que los funcionarios dediquen más tiempo a las personas y menos a procedimientos repetitivos, e incluso ayudar a diseñar mejores políticas públicas cuando se utiliza con evidencia, supervisión y resguardos adecuados. Precisamente por esa oportunidad necesitamos hacer las cosas bien desde el principio. Si la transformación se desarrolla sobre arquitecturas cerradas, dependencias tecnológicas difíciles de revertir o sistemas que no podemos auditar, podríamos terminar comprometiendo una parte importante de la autonomía institucional que buscamos fortalecer. La eficiencia no puede construirse a costa de perder control sobre los sistemas esenciales del Estado.

Es momento de un Gran Acuerdo Nacional

Chile necesita abrir una discusión de Estado sobre la adopción de inteligencia artificial en su institucionalidad, en lugar de dejar que una sucesión de convenios independientes defina de facto nuestra arquitectura pública. Necesitamos un Gran Acuerdo Nacional para la Adopción de Inteligencia Artificial en el Estado, que convoque al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional, a las universidades, a CENIA, a los organismos responsables de gobierno digital, protección de datos y ciberseguridad, y a las instituciones que deberán incorporar estas tecnologías en sus procesos. Ese acuerdo debe aprovechar la experiencia científica y tecnológica del país, escuchar a sus funcionarios y permitir la participación de especialistas y de la sociedad civil, fortaleciendo lo que ya existe, articulándolo y profundizando una política nacional que establezca cómo debe producirse esta transición.

Tiene que definir qué información puede ser procesada por sistemas externos y bajo qué condiciones, qué capacidades deben permanecer bajo control nacional, cómo se garantizará la interoperabilidad y la posibilidad de cambiar de proveedores, qué controles de seguridad, auditoría, transparencia y supervisión humana serán obligatorios, cómo se formará a los funcionarios y cómo se evaluarán los resultados. Tiene que establecer también cómo competirán, en condiciones transparentes, empresas nacionales e internacionales por desarrollar las mejores soluciones para nuestro Estado. Primero la estrategia nacional y después los proveedores. Primero los estándares de soberanía y después los convenios tecnológicos. Primero la decisión institucional y después la herramienta. Esta política debe trascender al gobierno actual y a los que vendrán.

Lo que estamos comenzando a definir es una infraestructura que probablemente condicionará durante décadas la forma en que el Estado conocerá, atenderá y administrará las necesidades de nuestra sociedad, bastante más que el software que utilizará una oficina en los próximos años.

La nueva independencia

En abril escribí sobre una independencia que ya no se juega solamente en el territorio, en las fronteras o en nuestros recursos naturales, y hoy quiero profundizar esa reflexión. Durante buena parte de nuestra historia, defender la soberanía significó asegurar el control del territorio, de las instituciones y de las decisiones políticas, y eso sigue siendo fundamental. La transformación tecnológica ha incorporado, sin embargo, una dimensión nueva. Una nación necesita también capacidad para gobernar los datos que produce su sociedad, proteger sus sistemas de información, controlar la infraestructura que utiliza y decidir autónomamente cómo transforma ese conocimiento en políticas

Chile tiene infraestructura, conocimiento, instituciones, investigadores y una tradición de construcción de políticas de Estado. Lo que necesita es convertir esas capacidades en una decisión nacional compartida. No debemos llegar tarde a la revolución de la inteligencia artificial, y tampoco podemos entrar en ella sin decidir qué queremos proteger, qué queremos construir y bajo qué condiciones estamos dispuestos a cooperar. La soberanía se defiende teniendo la capacidad de decidir cómo, para qué y bajo qué reglas utilizamos la tecnología.

En abril advertí que la nueva independencia se juega en el dato. Hoy esa reflexión tiene una urgencia concreta. Porque la soberanía se juega en el dato. Y Chile debe decidir ahora.

Autor

Fotógrafo y Comunicador Visual de formación, especializado en desarrollo web, neuroventas y marketing digital. Escribo artículos de opinión sobre política, libros y tecnología, temas que entrelazo desde una mirada crítica, curiosa y profundamente humana. Mi naturaleza dispersa, lejos de ser un obstáculo, ha sido una ventaja: me permite conectar ideas diversas, hacer cruces inesperados y abordar los temas desde ángulos poco comunes. Creo en el poder de las ideas para incomodar, inspirar y transformar.

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